La respuesta del oficialismo y de la justicia (que es otra forma de oficialismo en la Argentina) por las sospechas de fraude en las Primarias, demuestra su bajo compromiso con la calidad de nuestra democracia.
Hay dos operaciones argumentales en marcha. La primera consiste en limitar el concepto de fraude electoral a las maniobras que se realicen con el voto ya emitido por el elector. Es el pequeño concepto (estrictamente jurídico) de Tullio, director nacional electoral.
La segunda, tiende a normalizar lo que es anormal, reduciendo el fraude a las “picardías” de la jueza Servini de Cubría o los “errores materiales” del juez Blanco. Eligen no comprender que el fraude lo es en los efectos y que, por tanto, también esas picardías y esos errores trampean la voluntad del elector.
La sentencia de Lorenzetti es todavía más grave, por su cargo en la Corte y por fulminante. Su declaración de que “los resultados electorales no están en cuestión” es prejuzgamiento y confirma que, al final, no habrá una decisión innovadora de la justicia sobre el tema.
La convicción democrática parece ser más robusta en la sociedad que en la política. Por lo menos, en la parte más informada de esa sociedad. En el fondo, cualquier reforma a la ley electoral será una conquista de la ciudadanía “contra” (casi) toda la política. Este matiz es importante: no es lo mismo que en su base esté nuestra auténtica vocación democrática, que su apuesta táctica de malos perdedores. Si es esto último, probablemente no sigamos defendiendo estas banderas después de octubre; o no estemos ahí, vigilantes, para evitar que la política después de hacer la ley, haga la trampa.
Volviendo a lo primero, que la opción por focalizar en el árbol no nos impida ver el bosque. El fraude electoral más relevante reside en la pauperización y la analfabetización del pueblo, para esclavizarlo después con el clientelismo de los planes sociales focalizados. Esto también frustra la “autenticidad” de las elecciones que exige San José de Costa Rica (Art. 23)
La verdadera reforma electoral en la Argentina es en realidad una política universal (en serio) de integración social, con educación y trabajo digno “para todos”.
Por algo se empieza.
